SEIS AÑOS DEL 17-A: LAS SECUELAS

DECENAS DE VÍCTIMAS TODAVÍA NO HAN SIDO RECONOCIDAS


Dos chicas encienden velas en las Ramblas, días después de los atentados en un uno de los puntos improvisados de recuerdo a las víctimas- Jordi Pujolar / ACN


VALENCIA | Daniela Álvarez

El 17 de agosto de 2017 tuvieron lugar los atentados de Barcelona y Cambrils. En la capital se produjo un atropello masivo deliberado con una furgoneta que dejó 16 muertos y 140 heridos. Mientras, en Cambrils murió una mujer atropellada por un vehículo en el que también fallecieron los cinco terroristas que lo cometieron. 

Tres días después, murió en Subirats, Tarragona, el último implicado directo del atropello de la Rambla. Asimismo, el día previo, fallecieron dos personas en un chalet de Alcanar (Tarragona) donde se almacenaban bombonas de butano, entre ellas el agente de radicalización de los terroristas, el imán de Ripoll (Girona). 

Los atentados fueron reivindicados por el Estado Islámico: según la investigación, el objetivo final del grupo terrorista era realizar un ataque coordinado, en cadena o simultáneo, por atentar contra la Sagrada Familia, el Camp Nou y la torre Eiffel, pero la explosión en Alcanar pudo precipitar los hechos. 

Aumenta la islamofobia

Este suceso acentuó la grieta social y los prejuicios hacia la comunidad musulmana, muy estigmatizada en Cataluña y, sobre todo, en el municipio de Ripoll, donde actualmente gobierna Silvia Orriols, la líder de Aliança Catalana, un partido independentista de extrema derecha abiertamente xenófobo que ha explotado con sus discuresos el trauma del 17-A. 

Abandono a las víctimas

A poco más de un mes para que se cumpliese el primer aniversario del atentado, algunas de las víctimas del ataque que cambió Barcelona, denunciaban el abandono que sufrían por parte de las administraciones y la falta de asistencia psicológica. Asimismo, muchas ni siquiera fueron avisadas de que podían pedir el reconocimiento como víctimas por haber vivido el atentado y, por ende, no fueron indemnizadas. 

EL JUICIO

Más de tres años después, el 10 de noviembre de 2020, comenzaba el juicio contra los acusados. Se sentaron en el banquillo de la Audiencia Nacional Mohamed Houli Chemlal, superviviente de la explosión en el chalé de Alcanar (Tarragona); Driss Oukabir, a cuyo nombre se alquiló la furgoneta usada en Las Ramblas; y Said Ben Piazza, acusado de  prestar su documentación y su furgoneta isotérmica para comprar y transportar precursores explosivos. Los tres acusados citados se enfrentaban a una petición de penas por parte de fiscalía de entre 8 y 41 años. 

Finalmente, la Audiencia Nacional condenó por la implicación en los atentados a 53 años y medio de cárcel a Mohamed Houli Chemlal, a 46 y medio a Driss Oukabir y a ocho a Said ben Iazza. Sin embargo, no se pudo juzgar a los autores materiales del atentado ni al ideólogo de los ataques, ya que estaban muertos. 

Mohamed Houli, Driss Oukabir y Saïd ben Iazza en el juicio por los atentados del 17-A. Fernando Villar / EFE

«Seis años después del 17-A decenas de víctimas de los atentados de las ramblas aún no se han localizado»


ROBERT MANRIQUE, superviviente del atentado de Hipercor y ex asesor de la UAVAT

Seis años después del 17-A, “decenas de víctimas de los atentados de las Ramblas aún no se han localizado”, explica el superviviente del atentado de Hipercor y ex asesor de la UAVAT (Unidad de Atención y Valoración a Atentados por Terrorismo) Robert Manrique. Denuncia la inacción del Ministerio y de la Generalitat y señala, por ejemplo, que la mayoría de las personas afectadas no son conscientes porque se trasladaron a sus lugares de residencia tras el ataque “y ninguna Administración ha contactado con ellas para darles el estatus de víctimas del terrorismo”. 

Manrique también incide en el abandono del poder judicial a las personas afectadas y en las bajas cifras de indemnizaciones concedidas, así como en que las asociaciones de víctimas del terrorismo no buscan a las perjudicadas por los atentados en Cataluña. No obstante, subraya queda la labor de la UAVAT, que reconoció a 80 víctimas, les permitió gozar de derechos y sigue trabajando “para no dejarlas tiradas”.

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